EL PAêS
MARTES 23 DE AGOSTO DEL 2011
Mercedes Aguero R. maguero@nacion.com 10:37 a.m. 22/08/2011
La
exigencia de la Sala Constitucional de que las escuchas telef—nicas para
esclarecer ciertos hechos delictivos debe estar a cargo exclusivamente de los
jueces, se ha convertido en un dolor de cabeza para el Poder Judicial.
Las
intervenciones telef—nicas pueden obligar a los jueces a permanecer d’as y
noches enteras escuchando las comunicaciones, lo cual complica las otras
labores asignadas a esos funcionarios.
Esta
exigencia, a la vez, impide que los jueces pueden cumplir con todas las
solicitudes de intervenci—n hechas por los investigadores.
El
magistrado presidente de la Sala Tercera, JosŽ Manuel Arroyo, explic— que est‡n
buscando alternativas para adoptar un sistema m‡s eficiente en el que, siempre
con autorizaci—n y supervisi—n de un juez, se puedan delegar algunas funciones
en personal de apoyo.
ÒDichos
cambios depender’an de un criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional,
que es en œltima instancia la que nos dice cu‡ndo y hasta d—nde deben ser
protegidos los derechos fundamentales de las personasÓ, dijo.
La
Sala Constitucional estableci—, hace diez a–os, que la escucha solo la pod’a
realizar el juez.
Arroyo
se–al— que la Comisi—n de Asuntos Penales de la Corte har‡ una propuesta a la
Sala Constitucional para que revise el asunto.
Agreg—
que Òpuede replantearse el tema a la luz de los cambios de los œltimos
tiemposÓ, b‡sicamente con el fin de que Òno necesariamente tenga que ser un
juez el que 24 horas escuche las comunicaciones de los investigadosÓ.